Con 26 medidas este partido político incide en crear un parque público de vivienda en alquiler, en mejorar la gestión de Sareb, en impulsar la eficiencia energética de las casas y recuperar algunas desgravaciones relacionadas con la vivienda, entre otras cosas.
1.- Protegerá el derecho a una vivienda digna de las numerosas familias devastadas por los efectos de la crisis económica que han sido desahuciadas o están en alto riesgo de serlo, por la actitud de las entidades financieras, que en muchos casos han actuado con malas prácticas, y que además se han visto obligadas a acudir a prestamistas privados para obtener los empréstitos que las entidades bancarias no les concedían.
Al respecto impulsará la modificación legislativa de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria a los efectos de adoptar la legislación española a las exigencias de las resoluciones de los Tribunales Europeos y finalizar con las situaciones de indefensión de la ciudadanía frente a las entidades financieras en los procedimientos de lanzamiento y en las ejecuciones hipotecarias, así como en los casos de anulación de licencias urbanísticas de adquirentes de buena fe.
2.- Financiar vivienda pública de alquiler. Una línea de actuación del ICO será financiar la construcción de viviendas sociales para integrarse en el parque público de viviendas de alquiler, en línea con los objetivos de los planes estatales de vivienda, así como para financiar actuaciones de rehabilitación y renovación de viviendas individuales especialmente la rehabilitación sostenible.
3.- Mejorar la gestión de la Sareb, el “banco malo”, para evitar que se convierta en un riesgo mayor para el Estado como avalista. Respetando los derechos del accionariado privado que ha invertido en la SAREB, revisaremos su funcionamiento para introducir la máxima transparencia y rendición de cuentas en su gestión y contabilidad, y para contribuir, de acuerdo con las CCAA, en coordinación con las entidades locales, a crear un parque de vivienda social de alquiler al que puedan acogerse, también, familias desahuciadas de su vivienda habitual. Impondremos condiciones estrictas y transparentes a la venta de sus activos inmobiliarios a fondos de inversión.
4.- Reforma de la Ley de Segunda Oportunidad: el PSOE quiere proteger las situaciones de colectivos especialmente vulnerables. Por ejemplo, si el deudor tuviese a cargo a un menor de edad o a una persona en situación de dependencia para paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa. En estos casos y si fuese necesario, promoverá la puesta a disposición de la familia de una vivienda en régimen de alquiler social procedente del parque público existente. Cuando se produzca la ejecución de garantía real sobre la vivienda habitual del deudor, aprobará que el valor de tasación del bien a efectos de la ejecución de la garantía por incumplimiento de pago no pueda ser inferior al valor de tasación que sirvió para la concesión del préstamo.
5.- Viviendas con cero emisiones: busca impulsar la rehabilitación y exigir que las nuevas construcciones cumplan con este principio. Según el PSOE, este país debe digerir el enorme stock de vivienda y suelo ya puesto en el mercado pero no podemos permitirnos un parque que arrastra una gran parte del consumo energético nacional. No hay mejor política energética que la del ahorro energético. Por ello presentaremos un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos nuevos en el sector. Para el éxito de este plan, platearemos medidas normativas, de carácter administrativo, de financiación y de información para facilitar la rehabilitación y la eficiencia energética de la edificación.
6.- Facilitar el acceso a las ayudas para adaptación o rehabilitación de la vivienda para abordar los desafíos del envejecimiento, fomentando así que las personas mayores no tengan que abandonar su entorno, su barrio y su gente.
7.- Promover espacios domésticos abarcables y seguros y facilitando la incorporación de las TICs.
8.- Apoyar y promover nuevos modelos colectivos e innovadores de convivencia que den respuesta a las actuales demandas de las personas de edad avanzada relacionadas con la soledad y la necesidad de atenciones y servicios para el mantenimiento de su calidad de vida.
9.- Favorecer el acceso a la vivienda, con un esfuerzo nunca superior a la tercera parte de los ingresos familiares, a los hogares con niveles bajos y reducidos de ingresos. Dicho acceso podrá ser en propiedad o en alquiler, empleando vivienda nueva o usada, según circunstancias de los mercados locales de vivienda.
10.- Facilitar alojamiento a los hogares desahuciados como consecuencia de sentencias de los procedimientos de ejecución hipotecaria y por el impago del alquiler-
11.- Equilibrar la balanza evitando el debilitamiento de los inquilinos, eliminar las listas negras de deudores, mantener las ayudas a la entrada, subsidiaciones de préstamos (que afectan a 300.000 familias que ya la venían percibiendo) y de renta básica de emancipación (la perciben 200.000 jóvenes). Las actualizaciones anuales del alquiler se efectuarán con las variaciones correspondientes del Índice de Precios de Consumo.
12.- Modificación del artículo 13.1 de la nueva normativa sobre alquileres (Ley 4/2013, BOE de 5 junio de 2013), impidiendo la resolución del contrato de alquiler por incumplimiento de las obligaciones por parte del arrendador.
13.- Promover un paquete de medidas destinadas a la rehabilitación de viviendas en las Comunidades Autónomas, especialmente las de renta antigua, abandonadas, y situadas en cascos antiguos de los municipios de las mismas que sean alquiladas a jóvenes o adquiridas por jóvenes en régimen de propiedad, o alquiler con opción a compra. De esta forma reavivaremos y modernizaremos los centros históricos, favoreciendo la creación de nuevos espacios sociales y comerciales.
14.- Establecer un sistema que permita la compra en ejercicio de retracto por las administraciones públicas, de aquellas viviendas protegidas, o cuyas características así lo aconsejen, en un ejercicio de protección de las familias en determinadas zonas y bajo determinadas premisas. El registro de la propiedad deberá reflejar la verídica situación jurídica de un inmueble en todos los aspectos fundamentales que podrían afectar a la titularidad y uso del mismo.
15.- Establecer la eliminación automática por parte de las entidades financieras y sin previa exigencia del titular de una hipoteca de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo español.
16.- Crearemos una oficina central anti desahucios que coordine la creación de oficinas por todo el territorio y unifique criterios y ayude a su mantenimiento.
17.- Poner a disposición de la familia que haya aplicado la dación en pago una vivienda en régimen de alquiler social.
18.- Promover el compromiso de las empresas suministradoras de los servicios públicos de agua, luz y gas para impedir los cortes del suministro a personas y familias en situación de vulnerabilidad por impago. Antes del corte del suministro se comunicará a la Administración competente que en todo caso podrá mediar entre las partes.
19.- Crear un fondo social de gestión pública que permita atender el derecho a techo de la ciudadanía que se vea privada de él. Los ayuntamientos podrán disponer de viviendas dentro de los parques de viviendas sociales de gestión pública.
20.- Asimismo, crear un fondo social de gestión pública destinado a combatir la pobreza energética, cubriendo los gastos de las familias vulnerables.
21.- Ampliar el plazo de duración del alquiler como mínimo hasta 4 años a petición del arrendatario.
22.- Revisar la regulación de las resoluciones de los contratos de alquiler basadas en retrasos o impagos en el abono del arrendamiento, garantizando los derechos del arrendador a recibir el alquiler acordado y la protección del arrendado, y también articulando sistemas de mediación para los supuestos de insolvencia sobrevenida.
23.- Mantener la desgravación en el IRPF del 60% del importe obtenido por el arrendador, una vez deducidos los gastos y reintroducir las desgravaciones fiscales al alquiler para las rentas más bajas.
24.- Establecer garantías para el cobro de los arrendamientos y medidas de protección de los mismos en los casos de insolvencia sobrevenida, lo que estimularía una mayor oferta de vivienda de alquiler.
25.- Imponer una tasa transitoria sobre las viviendas desocupadas que mantienen las entidades financieras fruto de los desahucios para incentivar su oferta como viviendas en alquiler.
26.- Mantener las ayudas al alquiler en los niveles de la etapa del Gobierno anterior.
(publicado por idealista.com)
